Son múltiples los debates que ha suscitado la reforma de la ley 30 de 1992 propuesta por El Ministerio de Educación Nacional, en donde se plantea un nuevo modelo de educación superior, con el cual se busca “garantizar” en las universidades, la calidad educativa y el acceso equitativo de los jóvenes a una formación profesional.
El artículo 86 y 87, trata del presupuesto que se le asignará a las universidades para su funcionamiento, sin embargo podría afirmarse que el tema financiero es el punto débil de la reforma, ya que las crisis que se han anunciado, nos indican que más que aumentarse la ayuda a estas entidades, ésta se recortará, lo que implicaría la desaparición o privatización de las mismas, por no tener cómo sostenerse sin el dinero que les aporta el Estado.
Enfatizamos lo anterior, ya que son dudosas las intensiones que aguardan las palabras del presidente, Juan Manuel Santos, quien expresa que: “los recursos públicos son limitados” y por lo tanto propone que la empresa privada ponga su grano de arena para “el apoyo de la prestación y el mejoramiento del servicio educativo, y el desarrollo de proyectos de investigación y proyectos productivos”.
Una contemplación que sin duda alguna genera inquietudes en los rectores, quienes se preguntan, con qué propósito ingresaría el dinero de empresas privadas y sí en realidad será para el mejoramiento del servicio educativo, o por lo contrario, para contribuir a su detrimento.
Según la ministra de Educación, María Fernanda Campo la idea es que el sector privado invierta su dinero para desarrollar proyectos investigativos y generar innovación, pero entonces ¿qué pasará con el conocimiento intelectual generado por las universidades con capitales externos?
Para muchos el tema de la privatización es engañoso, pues se ha mostrado a través de antifaces, pero ¿cuál es su verdadero rostro? ¿Con qué fin se autorizará el funcionamiento de Instituciones de Educación Superior con ánimo de lucro? ¿Cómo saber si el fin último son los estudiantes y no la acumulación de dinero?
Está claro que un temor latente es el del derecho a la educación, pues es el Estado quién debe velar por él como servicio público, sin embargo ¿quién responderá cuando pase a manos privadas?
Un punto que puede rescatarse es el de la calidad, aunque debe aclararse, pues no sabemos sí la acreditación es obligatoria o voluntaria. Si hablamos de obligatoriedad según las exigencias establecidas solo unas cuantas universidades conservarían su carácter y por lo tanto el número de estudiantes que accedería a ellas (que la norma pretende incrementar, disminuyendo la deserción) se vería vulnerado.
Vulnerado no solo se vería el número de estudiantes, también el número de docentes, a quienes por cierto se les exigirá más, pero se les pagará menos, ya que las universidades se verán obligadas a prescindir de aquellos que no cumplan con el requisito que anuncia que “para ser nombrado profesor de Instituciones de Educación Superior públicas se requiere como mínimo poseer título de magíster”, la pregunta es ¿qué pasará con los docentes que no cumplan con este título? ¿Se quedarán sin empleo o se les financiará su formación?
Es imprescindible la movilización de los docentes, rectores, estudiantes y personal administrativo, a fin de que sus conceptos sean escuchados e incluidos dentro de la reforma, antes que ésta ingrese al congreso, porque una vez allí será más fuerte la voz de quienes deseen aprobarla.
El debate queda abierto, con la intención de declarar que la educación, la enseñanza, el empleo y el futuro de los jóvenes de nuestro país está en riesgo, espero seamos más los que hablemos en ejercicio de nuestro derecho a la opinión y menos los que callemos por pensar erróneamente que nuestras voces no harán eco.
Imagen sacada de: http://sociologiaenresistencia.wordpress.com/
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